Los consejeros y consejeras de paz de Sucre, se levantaron de la primera sesión por ausencia de la gobernadora Lucy García
La actitud de la institucionalidad, es recurrente y repetitiva de lo ocurrido en el gobierno anterior en cabeza de Héctor Olimpo Espinoza a quien nunca le alcanzó el tiempo durante sus cuatro años para asistir a una sola reunión del Consejo.
Los consejeros y consejeras de paz, aseguran que el actual gobierno de Lucy García, represente el continuismo en hechos negativos y absurdos porque Sucre sufre en todos sus territorios los embates de la violencia y la presencia amenazante de grupos armados ilegales que alteran la convivencia y ponen en riesgo la seguridad, integridad y vigencia de las libertades públicas.
Es así como, la Gobernadora de Sucre, Lucy García, le da más importancia a los juegos Nacionales 2027, que a la instalación del Consejo de Paz, Reconciliación y Convivencia, que es un órgano asesor y consultivo del gobierno de Sucre en materia de política de paz, por lo que se vio empañada por la ausencia de la primera autoridad del departamento, de Sucre, que según el decreto legislativo 885 de 2017 y la Ordenanza 041 del mismo año, su presencia es indelegable.
Igualmente, no hubo presencia de los concejales de los municipios que conforman el departamento, los alcaldes en representación de las 5 subregiones, de los 5 diputados que representan a la honorable asamblea, solo asistió la diputada Dayana Calderón Noble y de las diferentes secretarias departamentales, sólo se hicieron presentes dos titulares y después fueron llegando algunos delegados, lo que implica una desidia y menosprecio de la institucionalidad hacia el órgano asesor y consultivo en materia de paz.
Los consejeros y consejeras que representamos la sociedad civil hacen un llamado al gobierno departamental, a los alcaldes, concejales de las diferentes subregiones para que asuman responsablemente y de manera consciente su participación en las sesiones del Consejo de Paz, Reconciliación y Convivencia de Sucre, siquiera en solidaridad con más de 200.000 víctimas del conflicto armado presentes en el territorio y cumpliendo con el artículo 22 de la constitución política de Colombia que dice; “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.
Desde las distintas organizaciones de la sociedad civil, manifiestan el compromiso, voluntad y disposición para asistir a una nueva convocatoria de reunión del espacio asesor y consultivo en materia de paz de la administración departamental, siempre que se den las garantías de asistencia de la institucionalidad. Hacemos un llamado a la Procuraduría delegada para el cumplimiento del acuerdo de paz a tomar cartas en el asunto, para que las autoridades competentes cumplan con lo establecido en la norma y en la ley.