Grave crisis en la ESE Hospital Local de Cicuco por embargos ilegales que paralizan los servicios de salud

La ESE Hospital Local de Cicuco enfrenta una profunda crisis que afecta directamente la prestación de servicios esenciales a la comunidad, especialmente en las zonas rurales. Esta problemática surge tras los embargos realizados por el Juzgado Promiscuo Primero de Mompox, que han comprometido recursos fundamentales asignados para la operación de equipos básicos de salud.

Según Sussy Martínez Ospino, gerente de la institución, los recursos en cuestión, asignados mediante la Resolución 1735 del 24 de octubre de 2023, suman un total de 738 millones de pesos. De este monto, un 40% fue embargado, lo que equivale a 60 millones de pesos. La situación ha generado graves repercusiones, ya que dichos fondos eran destinados a garantizar la atención médica en áreas de difícil acceso.

Impacto directo en los servicios de salud
El embargo ha impedido pagar al personal médico, de enfermería y asistencial, así como adquirir medicamentos y mantener en operación las ambulancias. La gerente destacó que el proyecto de los equipos básicos de salud permitía llevar atención integral casa a casa, incluyendo servicios médicos, psicológicos, odontológicos y de enfermería. Ahora, la falta de recursos amenaza con interrumpir estos servicios vitales.

“Es una afectación directa a una comunidad que depende de este hospital para su bienestar. Estamos en una zona rural dispersa y con escasa atención médica. Estos embargos, que claramente son ilegales, están paralizando nuestra misión”, expresó Martínez.

Recursos inembargables según la ley
La funcionaria recordó que, de acuerdo con la normatividad colombiana, los recursos destinados a la salud son inembargables, lo que refuerza la ilegalidad de esta acción judicial. Por esta razón, se ha iniciado una defensa legal en la que se han presentado certificaciones emitidas por el Departamento y el Ministerio de Salud, confirmando el carácter inembargable de estos fondos.

Medidas legales en curso
Ante la gravedad de la situación, la institución ha interpuesto una acción de tutela para exigir la protección inmediata de estos recursos. Además, se han elevado denuncias ante la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría y el Consejo Superior de la Judicatura. Incluso, se ha notificado a la Presidencia de la República en busca de respaldo para resolver la crisis.

Martínez hizo un llamado al juez responsable del embargo para que revise minuciosamente la documentación presentada y rectifique esta decisión, que pone en riesgo la salud de cientos de personas en la región.

Mientras tanto, la comunidad de Cicuco y sus alrededores enfrenta una incertidumbre creciente ante la posibilidad de que los servicios de salud sigan suspendidos, evidenciando una alarmante vulneración de derechos fundamentales.